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28 marzo 2007. El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su informe sobre la economía española, publicado hoy, estima que el Producto Interior Bruto crecerá en torno al 3,5% en 2007 y 2008, en línea con las previsiones del Gobierno español en la actualización del Programa de Estabilidad. Respecto al año 2006, el FMI indica que se caracterizó por un creciente ritmo de crecimiento del PIB, una rápida creación de empleo, la recuperación de la productividad y una moderación gradual de la inflación.

Enlace (html): Spain—2007 Article IV Consultation, Preliminary Conclusions of the IMF Mission (inglés)

La institución afirma que España no sólo creció más, sino que empezó a crecer mejor, con señales de reequilibrio económico. Entre los factores de este reequilibrio destaca la ralentización del consumo y del mercado hipotecario por la subida de los tipos de interés y los mayores niveles de endeudamiento, mientras que la fuerte rentabilidad empresarial estimula la inversión en bienes de equipo y las exportaciones están teniendo un mejor comportamiento.

El FMI también considera acertada la política del Gobierno de aumentar el superávit en 2006 hasta la cifra record de 1,8%, gracias a los boyantes ingresos fiscales.

La institución considera que el mayor riesgo de la economía española es el déficit exterior, aunque afirma que su financiación externa no es una preocupación, gracias a la fortaleza del sector financiero español y a la desaparición del riesgo de tipo de cambio al pertenecer a la Unión Económica y Monetaria.

En todo caso, y ante la eventual aparición de escenarios económicos adversos, el FMI propone tres prioridades de política económica, que ya están contenidas en el Programa Nacional de Reformas: salvaguardar la estabilidad presupuestaria; incrementar la capacidad de oferta de la economía y mejorar su competitividad, y mantener la fortaleza del sector financiero.

El FMI da la bienvenida al fortalecimiento adicional de las finanzas públicas en 2006, gracias al apreciable superávit logrado el ejercicio pasado, a la acumulación adicional de activos en el Fondo de Reserva de la Seguridad Social y a la reducción de la deuda pública por debajo del 40% del PIB. Además, el informe valora positivamente que el superávit aumentase en 2006 por encima de la recomendación hecha por el FMI el pasado año.

El FMI considera positiva la apuesta por la inversión productiva (I+D+i, infraestructuras, educación...) realizada en los Presupuestos Generales del Estado, ya que entiende el déficit que España tiene en esa área. La institución invita a evaluar la efectividad de este tipo de gasto y, en este sentido, considera que la creación de la Agencia Estatal para la Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios es una medida que va en la buena dirección, con el fin de analizar la utilización, utilidad y eficiencia de dicha inversión. Además, propone que, de manera, similar, debería existir una evaluación de los gastos de los gobiernos regionales, ya que realizan más del 75% del gasto público total (excluyendo la Seguridad Social).

El FMI indica que el primer año de aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria debería ser ejemplar. Por tanto, el techo de gasto del Estado en el Presupuesto de 2008 debe ser riguroso y las comunidades autónomas tendrían que obtener superávit.

El informe señala que la reforma de la Seguridad Social ha ido en la buena dirección, pero cree necesarias nuevas medidas para lograr la viabilidad a largo plazo del sistema. Respecto a la Ley de Dependencia, advierte de las presiones que pueden derivarse de sus costes crecientes a lo largo del tiempo.

El FMI recuerda en su informe los elogios que la Comisión Europea y la OCDE han realizado sobre el Programa Nacional de Reformas y anima a que continúe su puesta en marcha, con un particular énfasis en la mayor competencia de los mercados domésticos protegidos. El informe considera importante que se apruebe en esta legislatura la Ley de Competencia, ya en trámite parlamentario. De hecho, el informe valora la mayor independencia de la futura Comisión Nacional de Competencia, así como la introducción del mecanismo de clemencia para la lucha contra los cárteles.

En sus recomendaciones sobre la mejora de la competitividad, el FMI aboga por la supresión de las tarifas energéticas, reforma legal que está en trámite parlamentario. También recomienda que se acelere la transposición de la Directiva de Servicios de la Unión Europea, ya que tiene potencial para abrir sectores protegidos en toda España. Por último, considera que, aunque la reforma laboral ha dado pasos en sentido positivo, son necesarias medidas adicionales, como suavizar la rigidez de los contratos ordinarios y sus altos costes de despido.

En lo que respecta al sector financiero, el informe del FMI valora como uno de los principales puntos fuertes de la economía española la solidez y el dinamismo del sector financiero español, así como la sólida supervisión prudencial y regulación. Indica que el principal riesgo continúa siendo el rápido crecimiento de crédito y su concentración en el sector inmobiliario, aunque asegura que, dados los muy bajos niveles de morosidad y las altas dotaciones de provisiones, los paralelismos, realizados por algunos analistas, entre el mercado de alto riesgo de Estados Unidos y el mercado hipotecario español “no tienen fundamento”, ya que no existe un fenómeno comparable en España.

El FMI pide la puesta en marcha rápida de la ley del mercado hipotecario y de la Ley de Ofertas Públicas de Adquisiciones, ya en trámite parlamentario; así como la legislación de Basilea II, cuya fórmula de aplicación en España, utilizando los estándares más estrictos, es aplaudida por el FMI.

Por último, recomienda que la transposición de la Directiva de Mercados en Instrumentos Financieros (Mifid) cumpla el plazo de noviembre de 2007, y lamenta que aún no se haya acometido la propuesta del Gobierno de transferir la supervisión de seguros desde el Ministerio de Economía y Hacienda al Banco de España, para aspectos de solvencia, y a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, para la protección del consumidor. Además, emplaza a que en la próxima legislatura se avance en el debate abierto sobre el buen gobierno de las cajas de ahorro y su apertura a la disciplina del mercado.