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Los proveedores de 1.280 entidades locales cobrarán a partir de hoy 1.762 millones de euros

Imagen de Antonio Beteta

10-12-2013.- El Plan de Pago a Proveedores, en sus tres fases, pagará 42.000 millones de euros, importe de más de ocho millones de facturas de 230.000 proveedores.

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, ha ofrecido estos datos en Toledo, donde se ha reunido con representantes de la Federación de Empresarios Toledanos (FEDETO), para explicarles el Plan de Pago a Proveedores y la futura ley de control de la deuda comercial.

Los proveedores de las entidades locales cobrarán a partir de hoy lunes 1.761.637.156,36 euros, correspondientes a 282.773 facturas pendientes de cobro, dentro del primer tramo de la tercera fase del Plan de Pago a Proveedores.

El Plan de Pago a Proveedores, en sus tres fases, pagará más de ocho millones de facturas, que ascienden a casi 42.000 millones de euros y que beneficiarán a más de 230.000 proveedores de las administraciones territoriales. Asimismo, los mecanismos de pago a proveedores puestos en marcha por el Gobierno de España, se estima que habrán conseguido mantener aproximadamente 400.000 puestos de trabajo.

Beteta también ha explicado a los empresarios toledanos que los proveedores de 311 entidades locales de la región cobrarán hoy martes 106.334.828 euros, correspondientes a 44.081 facturas pendientes de cobro, dentro del primer tramo de la tercera fase del Plan de Pago a Proveedores.

La mayor parte de los proveedores de entidades locales que cobran hoy en Castilla-La Mancha son autónomos (1.386) o pequeña y mediana empresa (2.729) y tan solo 116 pueden calificarse como gran empresa. Es decir, el 97,3% de los proveedores de entidades locales en Castilla-La Mancha que hoy perciben el importe de sus facturas pendientes son pequeños empresarios o autónomos.

Beteta ha finalizado su intervención ante los empresarios toledanos señalando las leyes de control de la deuda comercial y de factura electrónica, que entrarán en vigor el 1 de enero próximo, como el fin de la morosidad en las administraciones públicas.

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