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TÍTULO: Ley 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el régimen jurídico de la tenencia de animales potencialmente peligrosos |
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REGISTRO NORM@DOC: |
24932 |
BOMEH: |
99/1999 |
PUBLICADO EN: |
BOE n.º 307 de 24 de diciembre de 1999 |
Disponible en: |
SEGUROS |
VIGENCIA: |
25 de diciembre de 1999. |
DEPARTAMENTO EMISOR: |
Jefatura del Estado |
ANÁLISIS JURÍDICO: |
Referencias posteriores: SE DESARROLLA, por Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo |
MATERIAS: |
Seguros |
(Solamente se publica en el presente documento el precepto que recoge la obligación de tenedores de animales potencialmente peligrosos de suscribir un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros)
LEY 50/1999, de 23 de diciembre, sobre el Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos
(BOE n.º 307 de 24 de diciembre de 1999)
(…)
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
(…)
Artículo 3. Licencia
1. La tenencia de cualesquiera animales clasificados como potencialmente peligrosos al amparo de esta Ley requerirá la previa obtención de una licencia administrativa, que será otorgada por el Ayuntamiento del municipio de residencia del solicitante, o, con previa constancia en este Ayuntamiento, por el Ayuntamiento en el que se realiza la actividad de comercio o adiestramiento, una vez verificado el cumplimiento de, al menos, los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de edad y no estar incapacitado para proporcionar los cuidados necesarios al animal.
b) No haber sido condenado por delitos de homicidio, lesiones, torturas, contra la libertad o contra la integridad moral, la libertad sexual y la salud pública, de asociación con banda armada o de narcotráfico, así como ausencia de sanciones por infracciones en materia de tenencia de animales potencialmente peligrosos.
c) Certificado de aptitud psicológica.
d) Acreditación de haber formalizado un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros que puedan ser causados por sus animales, por la cuantía mínima que reglamentariamente se determine.
Este precepto se desarrollará reglamentariamente.
2. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales serán competentes según los respectivos Estatutos de Autonomía y legislación básica de aplicación para dictar la normativa de desarrollo.
(…)