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 El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado la asunción por parte del Estado de 83.252 millones de euros de deuda de las comunidades autónomas. Se trata de una medida histórica propuesta por el Ministerio de Hacienda que ha contado con el aval de la mayoría del foro, que ha sido presidido por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Un encuentro que ha seguido adelante pese al boicot de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido  Popular,  que  han  abandonado  la  reunión  tras  constituirse  el Consejo de Política Fiscal y Financiera y antes de escuchar la propuesta de condonación del Gobierno.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha denunciado la “deslealtad inédita” y la “falta de responsabilidad” de las consejeras y consejeros del PP, sin que hayan permitido “un debate” en el que participaran todos los territorios, que representan a sus ciudadanos en el CPFF.

Montero ha recordado que esta “oposición irresponsable e incoherente del PP” es “cada vez menos sorprendente”. “Como no se atreven a ir a sus territorios y contar que han votado en contra de la condonación, han optado por irse”, ha destacado la vicepresidenta primera, que ha recordado varios episodios protagonizados por el PP en este sentido:

• “Feijóo lleva años pidiendo reformar el modelo de negociación, pero luego rechazó la propuesta del Gobierno para debatirlo”, señaló.
• También ha recordado que “las comunidades autónomas piden mayor margen fiscal, y cuando el Gobierno lo aprueba con la abstención de los territorios del PP, el partido de Feijóo vota en contra en el Congreso”.
• Y ha añadido: “Llevamos tiempo escuchando a los consejeros autonómicos pedir actualizar las entregas a cuenta, pero el PP tumba el decreto que garantizaba 10.000 millones de euros más.

Este rechazo al boicot, calificado por Montero como una posición “infantil, errática e irresponsable”, ha sido compartida por los consejeros autonómicos que sí han permanecido en el encuentro, que han lamentado que no se haya podido llevar a cabo con normalidad ante esta situación.

Condonación de la deuda de las CCAA

Aun con esta situación, el Ministerio de Hacienda y las CCAA presentes han dado el visto a la condonación. Una propuesta que beneficia la sostenibilidad de las finanzas autonómicas, facilita su acceso a los mercados en mejores condiciones, reduce el nivel de pasivo y de intereses de la deuda. En definitiva, fortalece el Estado de bienestar y permite a las comunidades destinar más recursos a educación o sanidad.

Con la iniciativa del Ministerio de Hacienda se corrige el sobreendeudamiento al que se vieron abocadas las administraciones autonómicas durante la crisis financiera y que contrasta con el apoyo que han recibido durante el Gobierno de Pedro Sánchez para afrontar la crisis sanitaria derivada de la pandemia o los efectos de la guerra en Ucrania.

De hecho, durante los siete años de Gobierno de Pedro Sánchez, las comunidades autónomas habrán recibido 300.000 millones de euros más que en los siete años anteriores. Como ha explicado la vicepresidenta Montero, a la “mayor financiación de la historia” que han recibido las CCAA durante la etapa del Gobierno progresista, ahora se suma una propuesta “histórica” que dotará “de más autonomía financiera a las CCAA”.

Este procedimiento de asunción de deuda no afectará a la consolidación de las cuentas españolas. Al ser una reasignación de pasivo entre los distintos subsectores, no cambian los valores de deuda pública. “Hemos reducido en 22,5 puntos la deuda desde el máximo alcanzado en el primer trimestre de 2021. Y vamos a seguir reduciéndola este año”, ha señalado la vicepresidenta primera.

Sobre la reforma del sistema de financiación autonómica, la ministra de Hacienda ha instado a las comunidades a abordar el debate con afán constructivo, renunciando a posiciones de máximos y evitando la confrontación constante. A la vez, ha reiterado que la reforma del modelo de financiación “se vota en el Parlamento”, por lo que precisa del acuerdo entre los partidos políticos del Congreso de los Diputados.

Metodología para la condonación

La ministra de Hacienda ha reiterado que la asunción de la deuda autonómica parte de la premisa de reconocer que la respuesta que se dio en la anterior crisis financiera por parte del Gobierno central no fue adecuada, lo que supuso un fuerte deterioro de las cuentas de las Comunidades    Autónomas.    De    hecho,    se    vieron    obligadas    a sobreendeudarse a través de mecanismos como el FLA y, además, a someterse a fuertes restricciones financieras.

La metodología parte, precisamente, del cálculo del sobreendeudamiento. Así, se compara el crecimiento de la deuda autonómica durante la crisis financiera, es decir, entre el 31 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2013 con el crecimiento del pasivo autonómico durante el periodo de la pandemia y el mayor impacto de la guerra de Ucrania, es decir, desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2023. En el primer periodo, la deuda aumentó en 109.582 millones y, en el segundo, en solo 29.272 millones, lo que refleja el apoyo que han recibido del Estado.

El diferencial alcanza los 80.310 millones de euros y esa es la cuantía inicial a condonar. El siguiente paso es fijar el reparto entre Comunidades Autónomas. Para ello, la metodología se divide en tres fases:

• Fase 1. El grueso del reparto de la condonación se realiza a través del criterio de población ajustada. De hecho, el 75% del sobreendeudamiento detectado de 80.310 millones se realiza en función del peso de la media de la población ajustada de cada comunidad entre 2010 y 2022. Esta distribución alcanza los 60.232 millones y supone que la condonación media conjunta de todas las CCAA se sitúa en el 19% de su deuda a cierre de 2023.
• Fase 2. El objetivo es que ninguna Comunidad Autónoma quede por debajo de la media de condonación por población ajustada. Por tanto, se eleva la condonación de aquellas comunidades por debajo de la media para garantizar que al menos tengan un 19% de condonación de deuda. Supone añadir en la distribución 11.514 millones más de condonación.
• Fase 3. Se realizan dos ajustes adicionales. En el primero, se identifica a la comunidad autónoma que con la metodología seguida hasta ahora presenta una mayor condonación por habitante ajustado, que es la Comunidad Valenciana con 2.284 euros. Y, a continuación, se fija una condonación adicional hasta alcanzar ese mismo nivel para las comunidades autónomas que han tenido durante el período 2010-2022 una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media. Con este mecanismo, se asignan otros 10.590 millones de condonación.

En segundo lugar, se fija también una compensación adicional de 917 millones para aquellas comunidades que hayan ejercido al alza sus competencias normativas en el IRPF. En concreto, se concede una condonación adicional del 10% para las comunidades que hayan ejercido sus competencias al alza por encima de la media y un 5% para las que lo hayan hecho por debajo de la media. Se reconoce así el esfuerzo fiscal que exigieron algunas comunidades a sus ciudadanos para mejorar la situación presupuestaria y fiscal.

El importe de deuda máximo a asumir por el Estado de cada Comunidad Autónoma será el 50% de su deuda a 31 de diciembre de 2023.

Los ajustes más relevantes que contempla la metodología propuesta tienen como objetivo intentar compensar e igualar a las comunidades en dos ratios que son el de deuda condonada sobre el total y deuda condonada por habitante. Una vez realizadas esas correcciones, el importe total de la condonación se eleva hasta los 83.252 millones de euros.