El Consejo de Ministros ha aprobado un acuerdo por el que se modifican los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros en aplicación de lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley General Presupuestaria para posibilitar al Ministerio de Sanidad el reajuste de anualidades del contrato de suministro de equipos para tratamiento de protonterapia y equipamiento electromédico.
El pasado 19 de octubre de 2021, se suscribió un convenio entre, por una parte, el Ministerio de Sanidad y las consejerías competentes en materia de salud de las Comunidades Autónomas del País Vasco, Cataluña, Galicia, Andalucía, Valencia, Canarias y Madrid, y, por otra parte, la Fundación Amancio Ortega Gaona, para la colaboración en la implantación de la protonterapia en el Sistema Nacional de Salud.
El convenio prevé la incorporación de diez equipos de radioterapia de protones ubicados estratégicamente en centros públicos de todo el territorio nacional para dar cobertura a todos los pacientes de la sanidad pública española necesitados de estos tratamientos. El Ministerio de Sanidad, de conformidad con la cláusula tercera del convenio, coordinará el proceso de puesta en marcha, siendo el encargado de adquirir los equipos de protonterapia y complementarios necesarios para la aplicación de este tratamiento en el Sistema nacional de Salud, en colaboración con las Comunidades Autónomas.
El suministro de los equipos mencionados se imputa a la aplicación presupuestaria ‘Inversión nueva asociada al funcionamiento operativo de los servicios’, y se ha tramitado a través de la licitación de un contrato plurianual, con un presupuesto base de licitación de 271.000.000 euros (IVA incluido), cuyo contrato se firmó entre la Secretaría de Estado de Sanidad y la empresa Ion Beam Applications S.A. con fecha 2 de diciembre de 2022.
Como consecuencia de la situación ocasionada por la guerra de Ucrania, se originó un encarecimiento, tanto de materias primas necesarias para la construcción del búnker que aloja los equipos, así como de los componentes electrónicos, materiales y mano de obra necesarios para la instalación de los equipos, ocasionando retrasos en las licitaciones de obras por parte de las Comunidades Autónomas, y la necesidad de un reajuste del cronograma previsto en la instalación de los equipos de protonterapia.
Estas circunstancias ocasionaron que los pagos previstos por la entrega de los equipos en 2023 no se pudieran realizar, al no estar terminadas las infraestructuras que deben alojarlos, lo que dio lugar a la necesidad de adecuar los importes de las anualidades autorizadas.
Posteriormente, en el ejercicio 2024, se produjeron demoras en el desarrollo del proyecto debido a cuestiones administrativas, ocasionando un nuevo retraso en el cronograma de instalación de los equipos de protonterapia, por lo que fue preciso adecuar los importes de cada anualidad al nuevo calendario de pagos previsto mediante un acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros en fecha 18 de junio de 2024.
A lo largo de estos meses se han ido produciendo una serie de circunstancias sobrevenidas, que han modificado las previsiones llevadas a cabo en el pasado ejercicio, principalmente por demoras en licitación y ejecución de los proyectos y obras a realizar por las Comunidades Autónomas, siendo por ello necesario modificar el cronograma en el Plan de Implantación de la protonterapia en el Sistema Nacional de Salud y, por tanto, las fechas previstas de pagos a realizar a la empresa adjudicataria.
El detalle del nuevo calendario de pagos previsto en las anualidades 2025, 2026, 2027 y 2028, es el siguiente:
AÑO | Gasto Autorizado | Reajuste | Nueva Anualidad |
2025 | 38.659.500,00 | -25.773.000,00 | 12.886.500,00 |
2026 | 88.615.200,00 | -38.920.500,00 | 49.694.700,00 |
2027 | 53.566.700,00 | 53.803.500,00 | 107.370.200,00 |
2028 | 52.508.800,00 | 10.890.000,00 | 63.398.800,00 |
TOTAL | 233.350.200,00 | 0,00 | 233.350.200,00 |
Por ello, al superarse en los ejercicios 2026, 2027 y 2028 los límites establecidos en el apartado 2 del artículo 47 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, se ha solicitado la autorización del Consejo de Ministros para elevar el límite de compromisos máximos de gastos en la mencionada aplicación.