Solbes reitera en el Congreso la voluntad del Gobierno de llegar a un acuerdo sobre financiación autonómica

Pedro Solbes
El Vicepresidente segundo ha asegurado que ninguna Comunidad Autónoma perderá con el nuevo sistema de financiación y que, además, se reforzará el estado del bienestar.

28 de agosto de 2008. El Vicepresidente segundo del Gobierno y Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ha explicado ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados la propuesta de reforma del sistema de financiación autonómica.

El Vicepresidente segundo ha recordado las líneas básicas del documento presentado, el pasado 22 de julio, ante el Consejo de Política Fiscal y Financiera, tras los contactos bilaterales mantenidos con las Comunidades Autónomas.  El documento, que es una base común, un punto de partida desde donde se abordarán los aspectos más concretos del modelo de financiación, cumple con la Constitución, recoge las previsiones de los nuevos Estatutos de Autonomía y se ajusta a los calendarios previstos.

La propuesta del Gobierno plantea un sistema consistente, coherente y con proyección futura, que garantiza una financiación suficiente para todas las competencias transferidas y la solidaridad mediante igual cobertura de las necesidades básicas de los ciudadanos, independientemente de donde vivan. El Vicepresidente ha reconocido las tensiones que la prestación de ciertos servicios como la sanidad, educación o ciertos servicios sociales pueden estar ocasionando a las Comunidades y, por ello, el Estado va a ayudarlas en lo posible, aunque sin olvidar que, en estos momentos, es el Estado quien tiene mayores exigencias en el cumplimiento de las funciones de estabilidad económica y presupuestaria.

Pedro Solbes ha asegurado que con el nuevo sistema ninguna Comunidad Autónoma  saldrá perdiendo y que el Gobierno añadirá recursos adicionales, en función de sus disponibilidades presupuestarias, para reforzar el estado del bienestar.

 “El nuevo modelo va a mejorar la financiación y ayudará a que los ciudadanos reciban mejores servicios, pero las Comunidades Autónomas deben asumir su responsabilidad y no limitarse a pedir más recursos al Estado”. Según ha recordado el Vicepresidente, los gastos en educación, sanidad y servicios sociales han crecido, en los últimos años de aplicación del sistema, en el mismo porcentaje que el resto de gastos, por lo que no se puede afirmar con carácter general que los problemas de financiación de algunas comunidades se deban sólo al crecimiento de los gastos en servicios públicos fundamentales.

Según ha explicado el ministro de Economía y Hacienda, el reparto de los fondos adicionales se decidirá en el marco de las negociaciones, ajustándose a las necesidades y evolución de población.

Por último, el Vicepresidente segundo ha dicho que el documento es un ejercicio de transparencia y búsqueda del necesario consenso, y que, a diferencia del anterior sistema, en el proceso actual de reforma se ha hablado con todas las Comunidades Autónomas y se han presentado las bases de reforma en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el que todas han tenido ocasión de conocer la posición de las demás, y  para concretarlo se negociará bilateral y multilateralmente.

La voluntad del Gobierno sigue siendo la de alcanzar un acuerdo lo antes posible.

Principios básicos

La propuesta presentada por el Ministerio de Economía y Hacienda, el pasado julio, se basa en 10 principios básicos:

  1. Suficiencia global: el sistema garantizará la financiación de todas las competencias transferidas a las CC.AA.
  2. Garantía de financiación de los servicios públicos fundamentales: el nuevo sistema garantizará que los recursos tributarios cedidos por el Estado para la prestación de los servicios básicos del Estado del Bienestar (educación, sanidad y servicios sociales) sean iguales para todos los ciudadanos, independientemente de su lugar de residencia.
  3. Recursos adicionales para reforzar el Estado del bienestar: los recursos adicionales que el Gobierno pueda aportar, en función de sus disponibilidades presupuestarias, servirán para mejorar la capacidad de financiación de todas las CC.AA. en materias como la educación, la sanidad o los servicios sociales. El reparto de estas cantidades tendría en cuenta tanto la población actual de las CC.AA. como la evolución experimentada en los últimos años. Este esfuerzo adicional de la Administración General del Estado se graduará temporalmente de acuerdo con la política de estabilidad macroeconómica y presupuestaria del Gobierno.
  4. Ajuste dinámico, statu quo y esfuerzo fiscal: la reforma parte del compromiso de que  ninguna Comunidad Autónoma resultará perdedora con el nuevo sistema. El modelo incorporará mecanismos de revisión anual automática que permita su adaptación a la evolución de las necesidades. Además, de forma quinquenal, podrían revisarse los elementos estructurales del sistema y se tendrá en cuenta el esfuerzo fiscal.
  5. Variables de distribución y población ajustada: se buscará un acuerdo para ponderar las variables de distribución, especialmente la población.
  6. Autonomía y corresponsabilidad fiscal: se elevará en torno al 50% la participación de las CC.AA. en el IRPF, el IVA y los Impuestos Especiales. Además, se incrementará la capacidad normativa de las CC.AA. y se ampliará la participación y la colaboración tributarias en el marco de una mayor coordinación con la Administración General del Estado, especialmente en el IRPF.
  7. Lealtad institucional: se buscarán fórmulas que permitan la aplicación efectiva de este principio y, en particular, se tendrá en cuenta la eliminación del gravamen del Impuesto sobre el Patrimonio.
  8. Cesión de competencias en materia de revisión económico administrativa: los tribunales económico-administrativos de las CC.AA. serán competentes para revisar actos emanados de los órganos autonómicos de gestión tributaria.
  9. Mejora de la gestión financiera del sistema: se crearán mecanismos para ajustar el sistema de entregas a cuenta a la liquidación final.
  10. Adaptación del modelo de financiación a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

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