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Con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, nace la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) como un órgano colegiado independiente en el desarrollo de su actividad y en el cumplimiento de sus fines, siendo su objetivo velar por la correcta aplicación de la legislación, promover la concurrencia y combatir las ilegalidades en relación con la contratación pública.

En estos años se han dado pasos fundamentales, siendo muchas las actuaciones desarrolladas. Un magnífico ejemplo son los Informes Anuales de Supervisión ya presentados, los Informes Especiales que han puesto el foco en aspectos relevantes y actuales de la contratación pública o las Guías de apoyo para facilitar el análisis de las propuestas normativas y de actuación ante situaciones complejas y que también han afectado a la contratación. Pero estando legítimamente orgullosos de la labor desarrollada y más allá de nuestro firme compromiso con el cumplimiento estricto de nuestras obligaciones legales, somos conscientes de que aún tenemos un largo camino que recorrer. En este sentido, entendemos que la OIReScon puede configurarse como ese instrumento imprescindible y útil para construir una adecuada estructura de gobernanza, en los términos requeridos por las Directivas del Parlamento y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE y recogidos en la propia Ley 9/2017, de 8 de noviembre.

Para ello desarrollaremos nuestra actividad incorporando nuevas perspectivas en la supervisión de la contratación pública, como puede ser su carácter estratégico, la contratación electrónica o la presencia de las Pymes. También, para que el propio análisis sea realmente una herramienta idónea en el proceso de toma de decisiones, procuraremos contextualizar nuestro trabajo atendiendo a la actualidad del momento, como en el apoyo para un mejor conocimiento y aplicación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Por otro lado, entendemos que es oportuno incidir en las actividades de evaluación y análisis económico de la contratación que también nos encomienda la Ley. La puesta en marcha de la Oficina Nacional de Evaluación será determinante para alcanzar esta meta.

Y, finalmente, queremos ser más ambiciosos en la vigilancia del respeto del principio de integridad en la contratación pública, siendo éste un tema que sigue teniendo una gran actualidad. Para ello actuaremos desde la supervisión en un control reforzado del mismo, pero también estableceremos parámetros y reglas del más alto nivel de exigencia en nuestro funcionamiento interno, con la aplicación inmediata de nuestro primer código ético, ya suscrito por los que conformamos la Oficina y disponible en esta web.

Este trayecto, que esbozamos en los párrafos anteriores, lo abordaremos con ilusión y firme compromiso con la independencia, la profesionalidad, la transparencia y la eficiencia, como valores que inspiran nuestra tarea cada día. Para ello resulta determinante el impecable papel que desempeñan todos los empleados públicos que prestan servicio en esta Oficina y que son la verdadera garantía de respeto de los principios enunciados.

María Luisa Araújo Chamorro