En vigor desde el 28 de diciembre de 2006, la Directiva de Servicios cristalizó el empeño por superar las barreras que entorpecían la existencia de un mercado único de servicios en la Unión, mediante un enfoque global que modificó el ordenamiento habido hasta entonces, basado en directivas sectoriales y en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia Europeo.
Los Estados miembros dispusieron de un plazo de tres años para su transposición, labor que fue conducida en nuestro país por el Ministerio de Economía y Hacienda.