La pandemia ocasionada por el coronavirus COVID-19 está provocando una emergencia sanitaria, económica y social sin precedentes a nivel mundial.
En este contexto, es especialmente relevante el papel que desempeñan las Comunidades Autónomas en la prestación de servicios públicos fundamentales, como la educación, los servicios sociales y, en especial en estos momentos, la sanidad, que está afrontando un incremento en la demanda asistencial provocada por la pandemia.
Es por ello que se crea el Fondo COVID-19, Real Decreto-ley 22/2020, dotado con un crédito extraordinario de 16.000 millones de euros, que se configura como un fondo excepcional de carácter presupuestario, no reembolsable, cuyo objeto es dotar de mayor financiación mediante transferencias a las Comunidades Autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, para hacer frente a la incidencia presupuestaria derivada de la crisis originada por el COVID-19.
El Fondo COVID está formado por cuatro tramos. El primero de ellos ha sido aprobado mediante la Orden HAC/667/2020, de 17 de julio, con una dotación de 6.000 millones de euros, repartidos entre las Comunidades Autónomas y ciudades con estatuto de autonomía según los siguientes criterios: ingresos UCI (30%); pacientes hospitalizados (25%); las PCR totales realizadas (10%) y población protegida (35%), según los datos del impacto del virus a 30 de abril de 2020. El tramo educativo ha sido aprobado mediante la Orden HAC/809/2020, de 1 de septiembre, dotado con 2.000 millones de euros, que se repartirán según los siguientes criterios: población de 0 a 16 años (80%); población de 17 a 24 años (20%), según los datos del Padrón a 1 de enero de 2019. El segundo tramo sanitario ha sido aprobado mediante la Orden HAC/1098/2020, de 24 de noviembre, dotado con 3.000 millones de euros, que se repartirán según los siguientes criterios: ingresos UCI (25%); pacientes hospitalizados (20%); las PCR totales realizadas (10%) y población protegida (45%), según los datos del impacto del virus a 31 de octubre de 2020. Por último, el cuarto tramo ha sido aprobado mediante la Orden HAC/1097/2020, de 24 de noviembre, dotado con 5.000 millones de euros, que se repartirá en diciembre a las Comunidades Autónomas de régimen común para compensar los menores ingresos por la reducción de la actividad económica, siguiendo criterios tributarios, de población y del impacto presupuestario en el ámbito del transporte público.