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​El Ministerio de Hacienda ha aprobado la Orden de elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2026. La norma, que ha sido publicada hoy en el Boletín Oficial del Estado (BOE), es el primer trámite para realizar las cuentas públicas del próximo año. La Orden recoge los criterios y la orientación de los recursos públicos para dar continuidad a la política económica y social que ha desarrollado el Gobierno estos años y que ha permitido a España convertirse en un motor de crecimiento de la UE, reforzando también el Estado del bienestar.

En este sentido, el objetivo de los Presupuestos de 2026 será seguir impulsando un crecimiento sostenible, justo e inclusivo promoviendo la modernización y la competitividad de la economía. De hecho, España fue en 2024 el país con un mayor crecimiento dentro de las grandes economías desarrolladas y las previsiones de todos los organismos es que este año y el próximo el crecimiento sea de nuevo superior a la media de la UE. 

Asimismo, la Orden de elaboración recoge que se continuará favoreciendo la creación de empleo en sectores de alto valor añadido, además de blindar los servicios públicos esenciales. En este sentido, cabe destacar que España se encuentra en cifras récord de empleo, con más de 22 millones de ocupados, según la última EPA. Por su parte, las cifras de paro son las más bajas en 18 años.

Las cuentas públicas también abordarán los retos y problemas que tiene la sociedad española. De hecho, continuarán apostando por políticas que impulsen viviendas asequibles, especialmente para los jóvenes. 

Además, se aumentará la apuesta por la sostenibilidad medioambiental como factor de competitividad y de garantía de futuro a través de las reformas ya iniciadas en el ámbito de la lucha contra la emergencia climática, en materia de prevención, vigilancia y extinción de incendios forestales, de la movilidad sostenible, de la descarbonización, de las energías renovables y de la digitalización. También se mantendrán los compromisos adquiridos con los socios estratégicos en materia de defensa e innovación.

Política fiscal responsable

Todo ello es compatible con una política fiscal responsable que ha permitido una constante reducción del déficit público desde el máximo alcanzado en la pandemia. De hecho, España cumplió e incluso mejoró el objetivo de 2024 comprometido con la Comisión Europea por quinto año consecutivo. 

En concreto, el déficit del ejercicio anterior cerró en el 2,8%, sin contar con las medidas para paliar los efectos de la DANA. En este caso, los gastos de la Administración Central para mitigar este desastre natural alcanzan ya, entre 2024 y hasta mayo de 2025 (último dato disponible) los 7.824 millones de euros.

El crecimiento económico también ha sido posible gracias al conjunto de inversiones y reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estos fondos están permitiendo la modernización y descarbonización del tejido productivo, así como otras medidas de gran calado en materia de digitalización, cohesión social y territorial o igualdad. El buen ritmo de implementación del Plan y el cumplimiento de hitos y objetivos queda demostrado con el reciente pago por parte de la Comisión Europea de más de 23.000 millones de euros procedentes del quinto desembolso.

Criterios prioritarios en la elaboración de los PGE 2026

La Orden Ministerial incluye unos criterios prioritarios para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2026. Se trata de unas líneas generales orientadas a la consecución de los objetivos de la política económica, social y medioambiental del Gobierno. Unos ejes que serán adecuados y coherentes con las previsiones fiscales y las recomendaciones formuladas en el marco del Semestre europeo, así como las orientaciones formuladas por la Comisión Europea. En concreto:

- Culminar el proceso de modernización del tejido productivo gracias a los fondos Next Generation, a través del despliegue de la Adenda y los PERTE. Reforzar la potencialidad y competitividad del tejido productivo, contribuyendo al crecimiento de las pymes y los autónomos, facilitando tanto su transición digital como energética, así como impulsando la reindustrialización del país en sectores estratégicos.

- Favorecer la inversión productiva y facilitar liquidez y la actividad exportadora a las empresas afectadas por el nuevo contexto arancelario mundial, especialmente en aquellos sectores más expuestos, movilizando líneas de avales que promuevan el acceso a la financiación para el mantenimiento de la actividad productiva y el empleo de las empresas exportadoras e importadoras.

- Continuar con el proceso de transición de la economía a una más sostenible y justa, siguiendo con las medidas establecidas para la descarbonización gracias a una política industrial verde. Potenciar el uso de energías renovables para ganar autonomía estratégica y competitividad. Apoyar las inversiones de gran escala que ayuden a contribuir con los objetivos en materia de lucha contra el cambio climático. En materia de incendios forestales, mantener una constante evaluación de los riesgos y una labor de prevención realizada a través de la elaboración de los correspondientes planes de prevención, vigilancia y extinción, con un modelo de crecimiento sostenible para la agricultura y la pesca, la industria y servicios.

- Posicionar a la innovación y a la ciencia como ejes vertebradores del modelo productivo. Reforzar la capacidad de respuesta ante emergencias, manteniendo el sólido compromiso con el fortalecimiento de la I+D+i. Mejorar las condiciones de trabajo de los investigadores y promover la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito científico.

- Continuar con el desarrollo de un sector primario moderno y sostenible, fomentando la economía social cooperativa. Fomentar el cambio hacia unos sistemas alimentarios sostenibles que consigan mantener el arraigo de las poblaciones en medios rurales y costeros, evitando cargas adicionales tanto a los productores como a las administraciones.

- Reforzar el Estado del Bienestar para el conjunto de la ciudadanía, apostando por la sostenibilidad social y financiera a medio y largo plazo de las pensiones manteniendo el poder adquisitivo de los pensionistas. También blindar la universalidad del Sistema Nacional de Salud, con un fuerte avance al refuerzo de la atención primaria en toda España, incrementando la cartera de servicios y prestaciones de la sanidad pública.

- Modernizar las capacidades de defensa, garantizando la seguridad de la ciudadanía española y del territorio, contribuyendo al desarrollo de un espacio comunitario de seguridad y defensa conjuntamente con los socios europeos.

- Continuar trabajando por la construcción de una Europa social y unida a través de una política migratoria responsable y solidaria. Defender los derechos humanos, la paz y la seguridad, así como el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

- Garantizar el derecho a la vivienda aumentando la oferta de vivienda a precios asequibles, evitando que se den situaciones de tensión en el mercado de alquiler. Apoyar a jóvenes y colectivos vulnerables en el acceso a la vivienda, ofreciendo a Comunidades Autónomas y municipios herramientas que contribuyan a contener o reducir el precio del alquiler, aumentando el parque de vivienda en alquiler social.

- Orientar la inversión pública en infraestructuras favoreciendo la movilidad tanto de personas como de mercancías de manera sostenible y segura.

- Reforzar la política de empleo garantizando la igualdad de oportunidades y los derechos de las personas trabajadoras e impulsando la incorporación de los jóvenes al mercado laboral, así como el fomento de la igualdad y la mejora de las condiciones en el mercado de trabajo.

- Garantizar la igualdad real y efectiva de género. Fortalecer el compromiso del Gobierno contra la violencia machista, a través de medidas transversales que favorezcan una mayor tasa de empleo femenino, eleven el potencial educativo y reduzcan las distintas brechas.

- Proteger la educación pública en todos los niveles, garantizando que la ciudadanía tenga una educación de calidad. Se continuará reforzando la financiación del sistema público, promoviendo la inclusión plena de la educación pública de 0 a 3 años, con una tolerancia cero frente al acoso escolar.

- Seguir priorizando políticas centradas en la juventud española con actuaciones transversales que garanticen el acceso a una educación pública de calidad e inclusiva, al empleo estable y bien remunerado, a una movilidad sostenible, a una cultura que es imprescindible para el crecimiento personal y la democracia y, especialmente, a una vivienda digna y asequible.

Las propuestas de los centros gestores se remitirán a la Dirección General de Presupuestos antes del 12 de septiembre de 2025. El objetivo del Gobierno es presentar los Presupuestos de 2026 para contar con un instrumento clave para vehicular con más facilidad las políticas públicas en beneficio de la mayoría social del país.

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