El Gobierno autoriza la contribución de España al proyecto ‘Apoyo en la implantación del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción’ de la OCDE, por un importe de 980.000 euros

​El Consejo de Ministros ha autorizado una contribución voluntaria de España a la OCDE para el estudio de ‘Apoyo en la implementación del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción’, por un importe de 980.000 euros.  

El objeto de esta contribución es apoyar la implantación de este plan a través de tres mecanismos: colaboración en el diseño de una Agencia Independiente de Integridad Pública, con un análisis de lo que hay en otros países y de los mecanismos de coordinación; el apoyo en diseño y monitorización de los sistemas de evaluación del Plan Estatal y el apoyo en los trabajos para el incremento de transparencia e integridad en la financiación de partidos políticos.

El Plan Estatal de Lucha Contra la Corrupción constituye la respuesta más ambiciosa que nuestro país ha emprendido frente a la corrupción, un fenómeno que erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y distorsiona el funcionamiento de la democracia. El Gobierno de España ha apostado por una estrategia nacional integral contra la corrupción, alineada con los estándares internacionales.

Por su parte, la OCDE es un organismo internacional referente en la lucha contra la corrupción, ofreciendo directrices y recomendaciones a los países para mejorar sus marcos de integridad pública. 

España ha colaborado con la OCDE en la elaboración del Plan Estatal de Lucha contra la Corrupción y sigue colaborando con esa organización en el despliegue de las medidas del citado Plan. 

El acuerdo con la OCDE especifica los “entregables” de cada uno de los puntos que aborda, por lo que su ejecución y cumplimiento serán fácilmente comprobables.

El impacto esperado a largo plazo de este proyecto es el fortalecimiento del marco de integridad en España, con especial énfasis en el desarrollo de un enfoque estratégico y coordinado para la lucha contra la corrupción y la promoción de la integridad pública en todas las instituciones. 

Los beneficios más destacados para España, que justifican el interés en contribuir a la financiación de la elaboración del estudio son los siguientes:

- Visibilidad y notoriedad de España participando como miembro relevante en la OCDE.

- Difusión de políticas y resultados españoles. 

- Retorno en forma de producto, que permitirá disponer de: 

o Una propuesta de diseño de una Agencia Independiente de Integridad Pública, con un análisis de lo que hay en otros países y de los mecanismos de coordinación. 

o El apoyo en diseño y monitorización de los sistemas de evaluación del Plan Estatal.

o El apoyo en los trabajos para el incremento de transparencia e integridad en la financiación de partidos políticos.​