España culmina el Plan de Recuperación y presenta la última solicitud de pago por importe de 25.861 millones de euros

El Gobierno de España ha dado el último paso en la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con la presentación de su séptima y última solicitud de pago. El importe solicitado asciende a 25.861 millones de euros, lo que supone la solicitud de pago más elevada presentada por un Estado miembro, tanto por el volumen de fondos solicitados, como por el número de hitos y objetivos cumplidos.

La solicitud está referida a 148 hitos y objetivos, lo que suponen un 30% del total programados por España. En esta séptima solicitud, 130 hitos y objetivos corresponden a transferencias no reembolsables y 18 de préstamos.

Este séptimo desembolso se compone de:

• 21.463 millones de euros en transferencias, de los que España podrá recibir 18.711 millones de euros en términos netos, descontando la prefinanciación recibida al inicio del Plan.
• 4.398 millones de euros en préstamos, 4.166 millones de euros en términos netos.

Culminación del PRTR

Con esta solicitud, los fondos asignados en el PRTR alcanzarían los 101.300 millones. Con la culminación del Plan, España ha experimentado una transformación sin precedentes y se consolida como uno de los Estados miembros que ha maximizado el aprovechamiento de los fondos Next Generation EU. Este mecanismo ha desempeñado un papel fundamental para superar la crisis provocada por la COVID-19, afrontar en mejores condiciones las sucesivas crisis de los últimos años y reforzar la capacidad y resiliencia del país para hacer frente a los retos y crisis del futuro.

La presentación se produce en el marco del calendario de cierre del Mecanismo, que fijaba el 31 de agosto de 2026 como fecha límite para alcanzar los hitos y objetivos y el 30 de septiembre para presentar las últimas solicitudes de pago. La Comisión Europea dispone hasta el 31 de diciembre de 2026 para efectuar el desembolso correspondiente.

Hitos y objetivos más destacados

La séptima y última solicitud de pago cierra el ciclo del Plan con reformas de calado y con la finalización de las grandes inversiones. Entre estas reformas e inversiones destacan los siguientes ámbitos:

• Vivienda y rehabilitación: Se ha iniciado la construcción de 23.000 viviendas destinadas al alquiler social, de las que 16.000 ya están finalizadas y el resto está previsto que se complete en los próximos meses, y se ha formalizado la línea ICO de promoción de vivienda social, dotada con 568 millones de euros para 4.675 viviendas. En rehabilitación residencial, se han acreditado 53.375 certificados de eficiencia energética, con una reducción media del 30% del consumo de energía primaria no renovable. Las deducciones fiscales acumuladas alcanzan los 734 millones de euros, se han renovado 1,23 millones de m² de edificios públicos y se han completado 854 proyectos de energía limpia en pequeños municipios.

• España Crece, una palanca de inversión más allá del Plan: Inyección de más de 13.300 millones de euros en el Instituto de Crédito Oficial (ICO) para activar el fondo España Crece, junto con la adopción de su política de inversión. El fondo prolonga el impulso inversor del Plan de Recuperación, con prioridad para la vivienda asequible, la transición verde y los proyectos innovadores. Su política de inversión garantiza que los fondos se destinen a inversiones verdes, como la construcción de nuevos edificios energéticamente eficientes, las energías renovables, el material rodante de transporte urbano limpio o la eficiencia energética en las pymes.

• Instrumentos financieros al servicio del tejido productivo: Culminación de los instrumentos financieros del Plan, con 4.390 millones de euros del Fondo de Resiliencia Autonómica, gestionado por el Grupo BEI, 2.000 millones del fondo FOCO, 1.445 millones del fondo Next Tech y 878 millones del mecanismo de financiación del PERTE Chip, además de la línea ICO Empresas y Emprendedores.

• Transición energética y descarbonización: Ayudas por valor de cerca de 7.500 millones de euros, comprometidos para impulsar el hidrógeno renovable, la transición ecológica y la descarbonización y modernización industrial. Además, se han adjudicado 161 proyectos de digitalización de las redes de distribución eléctrica.

• Movilidad sostenible: Ejecución de más de 1.000 proyectos, con una inversión pública de más de 2.900 millones de euros, ayudas a la compra de cerca de 175.000 vehículos eléctricos e instalación de más de 116.270 puntos de recarga. Se han completado también las inversiones en la Red Transeuropea de Transporte, la mejora de estaciones ferroviarias y la gestión del tráfico aéreo.

• Cohesión social, igualdad y calidad del gasto público: Aprobación de un conjunto mínimo común de servicios sociales para todo el territorio, con su sistema de información, junto con 1.805 millones de euros en infraestructuras, equipamiento y digitalización de los servicios sociales y 304 millones en actuaciones para la autonomía personal y la vida independiente. 

La solicitud acredita asimismo la entrada en vigor de la Ley Orgánica de representación paritaria, que garantiza la presencia equilibrada de mujeres y hombres en las listas electorales, en los órganos constitucionales y en el Consejo de Ministros, y la creación del Consejo Asesor de Brecha de Género. 

A ello se suma la publicación por la AIReF de un nuevo ciclo de revisiones del gasto sobre los instrumentos de apoyo a las pymes, MUFACE, la incapacidad temporal, la ayuda oficial al desarrollo y el Ingreso Mínimo Vital.

• Liderazgo industrial, tecnológico y digital: Presentación de proyectos en ámbitos como la eficiencia energética, la sostenibilidad y la transformación digital, incluidos los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE).

En semiconductores, desembolso de 153 millones de euros para la participación en el IPCEI de Microelectrónica y Conectividad y otros proyectos de la cadena de valor, capitalización de la SETT con más de 368 millones y creación de 13 cátedras universitarias especializadas. 

En digitalización, destacan los 693 millones para la transformación digital de las administraciones autonómicas y locales, cerca de 300 millones en despliegue de banda ancha, 839 millones en despliegue de la tecnología 5G, los bonos de conectividad para colectivos vulnerables y pymes, la contribución de 300 millones a la Empresa Común EuroHPC y la participación en programas de la Agencia Espacial Europea. Además, el Plan de Recuperación ha impulsado cerca de cuatro millones de formaciones en competencias digitales, mientras que el 66,2% de los ciudadanos cuenta con competencias digitales básicas, más de diez puntos por encima de la media europea.

Se culminan además los programas de emprendimiento y de Digital Innovation Hubs y 1.450 proyectos en economía circular y gestión de residuos, con una inversión pública asociada de más alrededor de 1.150 millones de euros.

• Otras medidas: Inversiones en formación profesional, con la creación o conversión de 3.631 grupos de FP en formato bilingüe y la incorporación de 6.585 nuevos grupos de FP respecto al curso 2019/2020; en sanidad, con la creación del Espacio Nacional de Datos de Salud; en ciencia e innovación, con el impulso del PERTE Aeroespacial y la transferencia de conocimiento; en agua, el apoyo a infraestructuras hídricas y de depuración y la seguridad de presas; y en biodiversidad, transición justa, patrimonio histórico y ayudas a cerca de 1.900 beneficiarios y proyectos de las industrias culturales y creativas.

La séptima solicitud incorpora, además, tres objetivos procedentes de la sexta solicitud de pago, cuyos requisitos de ejecución se han clarificado mediante una adenda técnica acordada con la Comisión Europea para facilitar su plena acreditación.

Un despliegue administrativo sin precedentes

Para alcanzar este nivel de ejecución, la administración española ha realizado un importante esfuerzo de cogobernanza. La verificación de estos 148 hitos y objetivos ha requerido la movilización de una estructura técnica que ha aportado más de 3,3 millones de documentos de verificación ante Bruselas, casi el doble que en la solicitud anterior. En este trabajo han participado 5.505 responsables de todas las Administraciones Públicas, un 50% más que en la sexta solicitud:

• Capilaridad local: 4.307 responsables de las entidades locales y sus equipos.
• Fortaleza territorial y académica: 638 responsables de las comunidades autónomas y 159 del ámbito universitario.
• Administración central e institucional: 294 responsables de la AGE y 107 del sector público institucional.

Esta labor de coordinación, liderada por la Secretaría General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda, ha supuesto un reto sin precedentes. España es uno de los países más descentralizados de la Unión Europea, y la ejecución del Plan ha exigido coordinar de manera estrecha el trabajo de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las entidades locales y las universidades en torno a un instrumento completamente nuevo.