El Consejo de Ministros ha autorizado hoy a varias comunidades autónomas a formalizar operaciones de endeudamiento a largo plazo. En concreto, se autoriza a Asturias por un importe máximo de 639,2 millones de euros y a Cantabria por un máximo de 35 millones.
Estas autorizaciones se efectúan en cumplimiento del artículo 20 de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF) y el artículo 14 de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
En el caso de Asturias, el Gobierno le ha autorizado a formalizar operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 639.186.540 euros.
En concreto, esta comunidad autónoma ha solicitado autorización para formalizar operaciones de deuda a largo plazo por el citado importe con la finalidad de financiar amortizaciones de deuda de la Administración por importe de 609.333.900 euros y el importe de las liquidaciones negativas del modelo de financiación de las CCAA originadas en los ejercicios 2008 y 2009 que van a compensarse en el ejercicio por importe de 29.852.640 euros.
Por otro lado, el Gobierno ha autorizado a Cantabria a disponer de operaciones de deuda a largo plazo por un importe máximo de 35 millones de euros.
En virtud del acuerdo del Consejo de Ministros del 14 de noviembre de 2023, se autorizó a esta comunidad para que el Instituto de Finanzas de Cantabria (ICAF) formalizara una operación de préstamo a largo plazo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por un importe total de 35 millones de euros, del cual no se ha dispuesto ninguna cantidad hasta la fecha actual. Dicha operación de préstamo se formalizó en fecha 20 de diciembre de 2023.
La Comunidad Autónoma de Cantabria ha solicitado autorización para realizar durante 2026 disposiciones de las operaciones formalizadas en virtud de esa autorización. Concretamente ha solicitado disponer de un máximo de 35 millones del préstamo formalizado el 20 de diciembre de 2023 mediante el acuerdo de Consejo de Ministros de 14 de noviembre de 2023.
Estas autorizaciones podrán amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre de 2026.
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