La subsecretaria de Hacienda, Lidia Sánchez Milán, y el subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel González Suela, han presentado el Catálogo de Prescripciones Técnicas de Contratación Pública Ecológica, una nueva herramienta destinada a facilitar la incorporación sistemática de criterios ambientales en las licitaciones de las administraciones públicas.
Durante la apertura de la Jornada de Contratación Pública Ecológica, celebrada en el Complejo Ministerial de Cuzco, González Suela ha subrayado que las administraciones públicas tienen la responsabilidad de “diseñar políticas públicas y convertirlas en instrumentos operativos, herramientas y actuaciones que sean observables, medibles y que tengan un impacto real en la economía, en el territorio y en la vida de las personas”.
“La compra pública es positiva para el planeta y para la economía. Las inversiones públicas orientadas a lo ecológico generan más empleo, más valor añadido y más cadena de suministro, porque impulsan la modernización industrial, estimulan nuevas empresas, reducen costes operativos y favorecen sinergias”, ha señalado el subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
El Catálogo, elaborado conjuntamente por el Ministerio de Hacienda y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, responde al mandato de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética y se enmarca en el desarrollo del Plan de Contratación Pública Ecológica de la Administración General del Estado 2018-2025.
Una herramienta práctica para impulsar la compra pública verde
La nueva herramienta nace con vocación práctica y de servicio para los gestores públicos, proporcionando prescripciones técnicas concretas y jurídicamente seguras que faciliten la integración de criterios ambientales en los pliegos de contratación.
El catálogo se estructura en torno a diferentes categorías de productos, servicios y obras consideradas prioritarias en la contratación verde a nivel europeo, incluyendo ámbitos clave como la alimentación, el transporte, la edificación, la iluminación o las infraestructuras públicas.
Cada ficha técnica recoge prescripciones ambientales con distintos niveles de ambición —básico y avanzado—, así como mecanismos de verificación que permiten su aplicación efectiva en los procedimientos de contratación.
“Todos los que estamos aquí compartimos la convicción de la importancia de la transición ecológica y de la necesidad de integrar los criterios ambientales en la contratación pública”, ha señalado el subsecretario.
Una palanca para la transición ecológica
Por su parte, la subsecretaria de Hacienda, Lidia Sánchez Milán, ha afirmado que la contratación pública representa más del 11 % del PIB nacional y que, en el año 2024, el 24,05 % del total del gasto público se nutrió de la contratación pública, que en el año 2025 ha tenido un volumen de licitación cercano a 116.900 millones de euros.
También ha destacado que estos datos “confirman el potencial de la contratación pública para impulsar la transición ecológica”, dada su capacidad para orientar la actividad económica hacia modelos productivos más sostenibles.
Según el Informe Trienal de Contratación Pública elaborado por el Ministerio de Hacienda, en 2023 se formalizaron en España 57.864 contratos con criterios ecológicos, lo que representa el 34,7% del total. Un avance significativo desde 2018 que demuestra el compromiso de las administraciones públicas con la transición ecológica.
En este sentido, González Suela ha subrayado que, “cuando la administración incorpora criterios ambientales en la contratación, está diciendo que queremos un crecimiento sostenible, que queremos innovación verde y que queremos un futuro basado en la eficiencia energética, en el uso responsable de los recursos y en las tecnologías limpias”.
Modernización económica y resiliencia
La inclusión de exigencias ambientales en los procesos de contratación pública ha pasado a desempeñar un papel clave dentro de las políticas públicas contemporáneas. Más allá de su función directa en la protección del entorno, este enfoque permite orientar la actividad económica hacia modelos más sostenibles y resilientes.
De este modo, la acción de las administraciones no solo contribuye a mejorar el desempeño ambiental, sino que también favorece la evolución del sistema productivo y fortalece la capacidad estratégica de las economías frente a desafíos globales.
En este contexto, la capacidad de compra del sector público se convierte en un instrumento capaz de influir significativamente en el comportamiento del mercado. Cuando las administraciones priorizan soluciones sostenibles, generan incentivos para que las empresas desarrollen tecnologías más eficientes y adapten sus procesos productivos a criterios de sostenibilidad.
Al mismo tiempo, esta orientación promueve inversiones e infraestructuras mejor preparadas para afrontar los efectos del cambio climático, lo que contribuye a disminuir vulnerabilidades económicas y a reducir los costes asociados a futuros impactos ambientales.
Una jornada para compartir experiencias
Tras la apertura institucional y la presentación del Catálogo se ha llevado a cabo una mesa redonda sobre contratación pública verde con representantes de distintas administraciones públicas, moderada por Marta Martínez Guerra, directora general de Servicios del MITECO, e integrada por el subdirector general de contratación del Ministerio de Defensa, Germán Martín Casares; el coordinador técnico del Programa de Compra y Contratación Verde de Euskadi 2030, Iñigo Aizpuru Llanos; y la directora general de Contratación y Administración del Ayuntamiento de Sevilla, Daphne Inmaculada Rodrigo Serrano.
También se han desarrollado diversos talleres técnicos centrados en la economía circular en contratos de suministro y servicios, las infraestructuras públicas resilientes y la transición energética en el funcionamiento de las administraciones.
Durante el cierre institucional, el comisionado para la Economía Circular, Alejandro Dorado Nájera, ha señalado que para desplegar plenamente el potencial de la contratación pública ecológica “es necesario que desde las administraciones mantengamos una mirada amplia de la transición ecológica y de los impactos de nuestras obras, bienes y servicios sobre el conjunto de objetivos ambientales: la mitigación y adaptación al cambio climático, la conservación de la biodiversidad, la transición hacia la economía circular, la eficiencia en el uso del agua o la prevención de la contaminación”.
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