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El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta el Anteproyecto de Ley de Medidas Excepcionales de Sostenibilidad Financiera para las Comunidades Autónomas de Régimen Común. Esta norma permitirá al Estado asumir 83.252 millones de euros de deuda de las Comunidades Autónomas, lo que beneficiará a todos los territorios al reducir su pasivo, liberará unos 6.700 millones de euros del pago de intereses que podrán destinar a reforzar el Estado del Bienestar y les permitirá ganar autonomía financiera al facilitar su salida a los mercados. 

El objetivo de esta medida “inédita” y “excepcional”, como ha señalado la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es corregir el sobreendeudamiento al que se vieron abocadas las Comunidades Autónomas durante la crisis financiera por la falta de recursos por parte del Gobierno de Mariano Rajoy. Algo que contrasta con el apoyo financiero brindado por el Gobierno progresista, que se traduce en que las Comunidades Autónomas han recibido 300.000 millones de euros más de recursos en siete años de gobierno de Pedro Sánchez respecto a los siete años de Gobierno conservador.

Montero, durante su intervención en la rueda de prensa del Consejo de Ministros, ha recordado que esta norma, que beneficia a todas las Comunidades tengan o no deuda con el FLA, es “plenamente coherente” con la política de apoyo financiero a las Comunidades Autónomas que ha aplicado el Gobierno desde 2018. 

En este sentido, la ministra de Hacienda ha recordado otras medidas inéditas puestas en marcha por el Ejecutivo en favor de las administraciones territoriales como, por ejemplo, los 30.000 millones de los fondos COVID, que las CCAA no tuvieron que devolver a diferencia de los préstamos del FLA adoptados por el Gobierno del PP en la anterior crisis y que son el origen del sobreendeudamiento que el Anteproyecto de Ley busca corregir. 

O también el mantenimiento de las entregas a cuenta de 2020 como si no hubiera habido pandemia, que generó unas liquidaciones negativas de 4.000 millones que el Estado asumió y evitó que las Comunidades Autónomas tuvieran que devolver.

Metodología de la condonación

El Anteproyecto de Ley recoge la metodología para el cálculo de la cifra de condonación que corresponde a cada comunidad y que el Ministerio de Hacienda ya trasladó a los gobiernos autonómicos el pasado mes de febrero. Además, dicha propuesta fue aprobada en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera del mismo mes.

Posteriormente, el Ministerio de Hacienda ha mantenido reuniones técnicas individuales con la práctica totalidad de Comunidades Autónomas para trasladarles la información más detallada.

La metodología responde a criterios objetivos, transparentes, de carácter técnico e iguales para todas las comunidades. En concreto, consta de tres fases.​​

- Fase 1. Se compara el crecimiento de la deuda autonómica durante la crisis financiera, es decir, entre el 31 de diciembre de 2009 y el 31 de diciembre de 2013 con el crecimiento del pasivo autonómico durante el periodo de la pandemia y el mayor impacto de la guerra de Ucrania, es decir, desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2023. En el primer periodo, la deuda aumentó en 109.582 millones y, en el segundo, en solo 29.272 millones. Este cálculo arroja una cifra de 80.310 millones, un importe que refleja el sobreendeumiento que registraron las comunidades por la ausencia de mecanismos de apoyo de la Administración Central en la crisis financiera.​

Una vez identificado el sobreendeudamiento se utiliza un criterio técnico para fijar el reparto. En concreto, el grueso del cálculo de la distribución se realiza a través del criterio de población ajustada, de manera que el 75% del importe de 80.310 millones se realiza en función del peso de la media de la población ajustada de cada comunidad entre 2010 y 2022. Esta distribución alcanza los 60.232 millones y supone que la condonación media conjunta de todas las CCAA se sitúa en el 19% de su deuda a cierre de 2023.

- Fase 2. El objetivo es que ninguna Comunidad Autónoma quede por debajo de la media de condonación por población ajustada. Por tanto, se eleva la condonación de aquellas comunidades por debajo de la media para garantizar que al menos tengan un 19% de condonación de deuda. Supone añadir en la distribución 11.514 millones más de condonación.

- Fase 3. Se realizan dos ajustes adicionales para garantizar mayor equidad. En el primero, se identifica a la Comunidad Autónoma que con la metodología seguida hasta ahora presenta una mayor condonación por habitante ajustado, que es la Comunidad Valenciana con 2.284 euros. Y, a continuación, se fija una condonación adicional hasta alcanzar ese mismo nivel para las comunidades autónomas que han tenido durante el periodo 2010-2022 una financiación homogénea por habitante ajustado inferior a la media. Con este mecanismo se asignan otros 10.590 millones de condonación.

De esta forma, se pretende compensar a las comunidades en dos ratios susceptibles de generar comparaciones como son el de deuda condonada sobre el total y deuda condonada por habitante.

En segundo lugar, dentro de esta fase 3, se fija también una compensación adicional para aquellas comunidades que hayan ejercido al alza sus competencias normativas en el IRPF entre 2010 y 2022. En concreto, se concede una condonación adicional del 10% para las comunidades que hayan ejercido sus competencias al alza por encima de la media y un 5% para las que lo hayan hecho por debajo de la media. Esto supone 917 millones más en la condonación. Se reconoce así el esfuerzo fiscal que exigieron algunas comunidades a sus ciudadanos para mejorar la situación presupuestaria y fiscal.

De esta manera se alcanza la cifra final de 83.252 millones de euros de condonación. Asimismo, el importe de deuda máximo a asumir por el Estado de cada Comunidad Autónoma será el 50% de su pasivo a 31 de diciembre de 2023.

Procedimiento de asunción de la deuda

El Anteproyecto de Ley también recoge el procedimiento para que el Estado asuma esa deuda autonómica. Dicho proceso, que es de carácter voluntario, dependerá de si se trata de una comunidad con o sin deuda del FLA.

En el caso de las Comunidades con deuda del FLA la asunción de la deuda se aplicará mediante la cancelación o amortización de los saldos vivos de los préstamos con el FLA, hasta alcanzar el importe previsto en la ley para cada Comunidad, empezando por los más antiguos, hasta amortizar, si fuera necesario, el correspondiente a 2019. A partir de ahí, si es preciso para llegar a la cifra total a condonar, se cancelará el préstamo del FLA del año 2024 y después se cancelarán los de los años anteriores a éste. Es decir, 2023, 2022, etc.

En el caso de las CCAA sin deuda con el FLA que quieran adherirse a este mecanismo se les pedirá que trasladen a la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional la información que requiera sobre su cartera de deuda con terceros. 

Una vez seleccionadas las operaciones de crédito objeto de asunción por parte del Estado, por acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE), se procederá por parte del Estado a la subrogación en la posición deudora de las Comunidades Autónomas, previo consentimiento de los acreedores.

Compatible con la reforma del sistema de financiación

La vicepresidenta Montero ha subrayado que la asunción de la deuda autonómica “no frena ni sustituye la reforma del sistema de financiación” en la que el Gobierno seguirá trabajando sobre una propuesta que beneficie a todos los territorios.  

Por último, la titular de Hacienda ha reiterado que la condonación de la deuda beneficia a todas las Comunidades Autónomas, incluidas las gobernadas por el PP. “ De los 83.252 millones de euros de deuda que asume el Estado, casi 60.000 millones corresponden a deuda de comunidades gobernadas por el PP. Dicho de otra forma, 7 de cada 10 euros condonados benefician a las comunidades donde gobierna el PP”, ha destacado la titular de Hacienda, quien ha pedido a los presidentes autonómicos del PP que “recapaciten” y respalden una medida que es beneficiosa para los ciudadanos. 

Presentación del anteproyecto de ley​

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