El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprueba la reforma del sistema de financiación autonómica, que aportará 20.975 millones adicionales a las Comunidades Autónomas

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha aprobado hoy el Acuerdo sobre un nuevo modelo de financiación para las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con estatuto de autonomía. Se trata de un paso fundamental para poner en marcha un sistema de financiación que incrementará los recursos que reciben los territorios en 20.975 millones de euros. 

El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha calificado el consejo celebrado hoy como “histórico” al recordar que el actual sistema de financiación lleva caducado 12 años y cuya reforma ha sido reclamada por todas las Comunidades Autónomas”. En este sentido, ha recordado que el acuerdo aprobado hoy es fruto de un trabajo que se inició ya en 2021 y que ha contado con múltiples reuniones multilaterales y bilaterales, donde todas las comunidades autónomas han participado.

España ha defendido que el acuerdo de financiación aprobado hoy es objetivamente beneficioso para todas las comunidades, que obtendrán más recursos y, por lo tanto, podrán incrementar la inversión en sanidad, educación, dependencia, servicios sociales o vivienda. Ha incidido también en que el sistema garantiza, blinda e incrementa la solidaridad. 

Bases y principios del nuevo modelo

El nuevo modelo de financiación autonómica incorpora nuevos criterios de reparto, mejoras metodológicas y se circunscribe a principios que para el Ejecutivo son prioritarios:

• Se incluye una nueva propuesta de población ajustada que contempla variables que dan respuesta al reto de la despoblación e incorpora una estratificación más precisa de los grupos de población.
• Incremento de la capacidad tributaria, que eleva la autonomía y la corresponsabilidad fiscal y refuerza el principio de suficiencia.
• Se amplía, refuerza y garantiza la solidaridad interterritorial a través de un mecanismo de nivelación horizontal equitativo, objetivo y transparente.
• La nivelación vertical también queda garantizada con una aportación adicional de la Administración central que permitirá elevar la inversión en sanidad y educación pública y en políticas sociales.
• La mayor autonomía también se refleja en la posibilidad de que las comunidades reciban la recaudación del IVA generado por las pymes en sus territorios.
• El modelo se adapta a las nuevas realidades al incluir un fondo para hacer frente al desafío del cambio climático
• Garantía de statu quo, por el que ninguna comunidad recibe menos que con el anterior modelo.

Nuevos criterios en la población ajustada

Junto a la mayor aportación del Estado al sistema, uno de los elementos fundamentales del nuevo modelo es el criterio de población ajustada. Este determina el número de habitantes de cada comunidad autónoma ponderando variables que influyen en el coste de los servicios y las necesidades de financiación.

Así, el reparto de los recursos autonómicos se define en función de las características demográficas, socioeconómicas y geográficas de las comunidades autónomas. Por ejemplo, el gasto sanitario será mayor en una comunidad muy envejecida, mientras que otra comunidad tendrá mayores necesidades en educación si tiene mayor proporción de habitantes en edad escolar.

Incremento de la capacidad tributaria

La mayor parte de los recursos de las comunidades autónomas proceden de los impuestos cedidos y la propuesta presentada por el Gobierno contempla incrementar la capacidad tributaria de todas las comunidades, lo que se traducirá en más ingresos y autonomía.

Así, la cesión del IRPF pasa del 50% al 55%y, en el caso del IVA, se incrementa del 50% al 56,5%. Además, se incluirán dentro de los recursos del sistema de financiación los impuestos sobre el Patrimonio, sobre los depósitos bancarios, sobre actividades del juego y sobre el depósito de residuos en vertederos.

Nivelación horizontal

El modelo refuerza y amplía la solidaridad interterritorial. Esto se traduce en garantizar que todas las comunidades alcancen un 75% de la media de recursos por habitante ajustado determinada a partir de su capacidad tributaria.

De esta manera, las comunidades con financiación por habitante ajustado por debajo de la media recibirán más recursos, mientras que las que están por encima de la media aportarán para el bien común del sistema. Esto sirve para, por un lado, garantizar la solidaridad interterritorial y, por otro, reducir las distancias en financiación por habitante.

Nivelación vertical

Este parámetro es el que visibiliza de manera más evidente el compromiso del Gobierno y el Estado con las comunidades autónomas y el Estado de bienestar. Con una aportación de 19.000 millones, el objetivo inicial es reducir en 2/3 la distancia de cada comunidad respecto a la que tiene más recursos, que es la Comunidad de Madrid. Este cálculo permitirá que aquellas comunidades más alejadas reciban más recursos frente a las que gozan de una mejor posición.

Los recursos que el Estado aporta inicialmente a la nivelación vertical procederán del 5% del rendimiento del IRPF y de una transferencia adicional hasta lograr reducir en 2/3 la distancia de todas las comunidades respecto a la que tiene mayores recursos.

Resto de elementos

Todos los parámetros anteriores suponen casi el 99% de los recursos autonómicos, que han quedado asignados tras determinar la capacidad tributaria y establecer los mecanismos de nivelación horizontal y vertical. El modelo contempla otros elementos, pero con menor importancia económica.

Mecanismo IVA Pymes. Para avanzar en una mayor autonomía y corresponsabilidad fiscal, a la vez que se incentiva el desarrollo económico, las comunidades podrán recibir una parte de la recaudación de IVA generada por las pymes en su territorio. Con esta medida, que deberá ser solicitada por las autonomías, se reconoce el esfuerzo de las comunidades autónomas en el impulso y apoyo a las pequeñas y medianas empresas. La cantidad surge de calcular la diferencia que existe en la comunidad entre el peso relativo del IVA liquidado por las pymes de ese territorio y el índice de consumo. Si el IVA de las pymes supera el índice de consumo, la comunidad recibirá una transferencia positiva por la diferencia. En caso contrario, el importe será negativo. Un aspecto relevante es que los fondos de esta fase no son competitivos, por lo que un aumento de recursos en un territorio no implica detraerlos de otro.

Fondo climático. Ante los desafíos de la crisis climática, se dotará al sistema de financiación de un fondo climático. 2/3 del mismo se repartirán entre las autonomías del litoral mediterráneo, las más afectadas por su exposición al calentamiento del Mar Mediterráneo y su efecto sobre el clima. El tercio restante lo recibirán el resto de comunidades. El reparto se realizará bajo el criterio de población ajustada.

Garantía de statu quo. Existirá un elemento de cierre para garantizar el statu quo, por lo que ninguna comunidad, al inicio de la aplicación del sistema, recibirá menos recursos de los que habría obtenido con el modelo anterior. Este mecanismo se financiará con aportaciones de la Administración central y que beneficiará a Cantabria y Extremadura. El statu quo es el último elemento del modelo de financiación y que actúa como cierre. 

Mecanismo complementario de financiación

El modelo propuesto establece que la financiación de las competencias no homogéneas pueda proceder de un mayor porcentaje de IVA cedido. Esa cesión adicional se fijará en el año base en función de las que tenga asignada cada comunidad autónoma.

Se trata de un mecanismo opcional. Por lo tanto, si las comunidades lo desean podrán optar por recibir como hasta ahora la financiación de las competencias no homogéneos a través de una transferencia evolucionada por el índice de los ingresos del Estado (ITE).

Como sucede en el caso del IVA Pymes, nuevamente se da a la opción de elegir, lo que refuerza la autonomía de las comunidades y refleja la flexibilidad del nuevo modelo de financiación.

Recursos para favorecer la cohesión territorial y el crecimiento económico

El acuerdo aprobado contempla también que, al margen del modelo de financiación, se reformularán los Fondos de Compensación Interterritorial y los incentivos regionales para reforzar la convergencia y la cohesión territorial. En este sentido se prevé establecer un nuevo fondo con el objetivo de favorecer el dinamismo de las comunidades autónomas cuyos recursos por habitante ajustado se sitúen por debajo de la media.

Aspectos como la reindustrialización, la digitalización, la innovación, la despoblación, las externalidades del turismo masivo, los riesgos derivados de la masa forestal o la ubicación extrapeninsular se tendrán en cuenta a la hora de fijar los criterios de reparto de recursos adicionales. 

Otro de los compromisos adquiridos es el de reformar la Ley de Incentivos Regionales. La actual norma, de 1985, será modificada para que las CCAA aumenten sus recursos por este concepto y se corrijan los desequilibrios interterritoriales.

Entregas a cuenta

El Ministerio de Hacienda ya comunicó a las Comunidades Autónomas y Ciudades de Ceuta y Melilla las entregas a cuenta (EECC) que recibirán del sistema de financiación autonómica en el año 2027. El conjunto de los territorios recibirá el próximo ejercicio 170.529 millones de euros, un 8,11% más que en 2026. Esto supone un nuevo récord en recursos del sistema de financiación para las autonomías, que ven incrementados una vez más los fondos que reciben del Estado con respecto al año anterior, tal y como ha ocurrido desde el inicio del Gobierno progresista de Pedro Sánchez.

Sumando la liquidación a esas EECC, el total de recursos del sistema de financiación que recibirán será de 185.593 millones, un 9,1% más en comparación con 2026. Una transferencia histórica que, ha recordado Arcadi España, se incrementará aún más si se aprueba el nuevo modelo de financiación.

Esto supone un volumen de recursos histórico que permitirá a esta CCAA cumplir con sus compromisos ante la ciudadanía de ofrecer unos servicios públicos accesibles y de calidad. Lo que ha sido posible gracias a la política económica del Ejecutivo, que ha permitido reducir el desempleo por debajo del 10% por primera vez en 18 años y liderar el crecimiento de las grandes economías de la UE. Y que se produce por la responsabilidad del Ejecutivo de dar todas las facilidades a las CCAA para que desplieguen sus políticas sociales.