Este compromiso con el control del gasto público emprendido por el Gobierno contribuirá a generar confianza en los mercados internacionales y los inversores, como paso para que España vuelva pronto al crecimiento y la creación de empleo. Este compromiso con el control del gasto se visualizó en la primera decisión del Gobierno, a aprobar una declaración de no disponibilidad de créditos, de 8.914,95 millones de euros, y, posteriormente, con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, a la que se han comprometido todas las administraciones-
El pasado viernes, el Consejo de Ministros aprobó un nuevo objetivo de déficit, situado en 5,8% del PIB para el conjunto de las administraciones públicas, que contempla el impacto de la caída de la actividad económica de las cuentas públicas, pero, a la vez, mantiene el esfuerzo de reducción del déficit estructural. En el caso de las entidades locales, el objetivo revisado de déficit se sitúa en el -0,3% para el conjunto cada una de las entidades locales.