Entra en vigor la ley antifraude más ambiciosa de la democracia: Ministerio de Hacienda

Entra en vigor la ley antifraude más ambiciosa de la democracia

31-10-2012.- Hoy entra en vigor la Ley que limita a 2.500 euros el pago en efectivo en operaciones en donde participen empresarios o profesionales. Hacienda perdonará la sanción al contribuyente que denuncie los hechos.

Hoy entra en vigor la Ley de Modificación de la Normativa Tributaria y Presupuestaria y de Adecuación de la Normativa Financiera para la Intensificación de las Actuaciones en la Prevención y Lucha contra el Fraude, más conocida como Ley antifraude, que ayer publicaba el BOE.

La norma refuerza las actuaciones de prevención contra el fraude fiscal, una de las prioridades de la política económica del Gobierno. De hecho, junto al proyecto de ley contra el fraude laboral y la reforma del Código Penal, supone el mayor esfuerzo normativo en la lucha contra el fraude y la economía sumergida.

El secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre, y la directora general de la Agencia Tributaria, Beatriz Viana, han mantenido un encuentro informativo con los periodistas, para informar de los principales aspectos de la Ley, que también recoge el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en un vídeo donde destaca las novedades de la ley:

Se limita a 2.500 euros el pago en efectivo en operaciones en donde participen empresarios o profesionales. Hacienda perdonará la sanción al contribuyente que denuncie los hechos.
Todos los contribuyentes deberán informar sobre las cuentas, valores e inmuebles que tengan en el extranjero. Las rentas descubiertas que no hayan sido declaradas se imputarán al último periodo impositivo no prescrito.
Se excluye del régimen de módulos a aquellos empresarios que facturen menos del 50 por 100 de sus operaciones a particulares y a los que obtengan más de 225.000 euros de otros empresarios o profesionales.
Hacienda potencia el cobro del IVA en operaciones de entrega de inmuebles, importaciones y declaraciones en concurso.
Se facilitan los embargos preventivos y demás medidas cautelares para garantizar el cobro de deudas tributarias.
Se endurecen las sanciones por resistencia y obstrucción a la inspección, que oscilarán entre 1.000 y 600.000 euros.