El Gobierno flexibiliza el uso del superávit de las CCAA para que puedan destinarlo a inversiones en políticas como las de vivienda social

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto-ley con medidas fiscales y financieras en favor de las Comunidades Autónomas, por el que se permitirá a las Comunidades emplear sus superávits para que puedan destinarlos a inversiones en políticas esenciales como las de vivienda.

Con esta norma se pretende flexibilizar el marco financiero y promover la actividad inversora en los territorios autonómicos. El origen de dicho RDL radica en la negociación mantenida entre el Gobierno central y el Gobierno de Canarias, aunque sus medidas benefician a otras Comunidades Autónomas. 

De esta forma, entre las medidas que figuran en el Real Decreto-ley destaca el permitir que los territorios autonómicos puedan usar el superávit obtenido en 2025 para destinarlo a Inversiones Financieramente Sostenibles (IFS) durante los ejercicios 2026 y 2027.

Asimismo, en el conjunto de medidas se contempla otro elemento, por el cual se permitirá a las comunidades que tengan, a cierre de 2025, una deuda sobre PIB inferior al 12,4% que, en vez de estar obligadas a emplear los superávits pendientes de aplicar de ejercicios anteriores a reducir su endeudamiento, puedan destinar esos recursos a inversiones. Dichas inversiones se ejecutarían en los años 2026, 2027 y 2028 y no computarían a efectos del cumplimiento de la regla de gasto.  

Con los datos disponibles hasta la fecha, estas medidas benefician a ocho comunidades, como son Asturias, Canarias, Navarra, País Vasco, Andalucía, Illes Balears, Cantabria y Galicia. En total, supone que estos territorios podrán destinar más de 4.000 millones de superávit presupuestario a inversiones para fortalecer los servicios públicos. 

El Ministerio de Hacienda ya aprobó medidas similares para los ayuntamientos con superávit y ahora lo extiende a las Comunidades Autónomas.

Filosofía de las IFS

Las IFS son aquellas inversiones que en el largo plazo tengan un impacto positivo sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas de las Comunidades Autónomas que permiten, durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar cumplimiento a los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública.

Estas inversiones deben ser económicamente sostenibles a lo largo de la vida útil de la inversión y no computan en el gasto del ejercicio en que se ejecutan a efectos de la aplicación de la regla de gasto, aunque sí a efectos del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria.

Además, para poder beneficiarse de esta regla especial del destino del superávit presupuestario, las administraciones territoriales han de cumplir con el período medio de pago a proveedores previsto en la normativa sobre morosidad.

Estas Inversiones Financieramente Sostenibles deben ser actuaciones con efectos positivos para el cambio climático, que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética, o que trate de una inversión que permita evitar gastos recurrentes o que implique ahorros en ejercicios futuros, todo ello dentro de los ámbitos de competencia que tienen asumidos. En ese sentido, tendrá la consideración de IFS la inversión en vivienda social y asequible o en vivienda sujeta a cualquier régimen de protección pública permanente

Medidas específicas para Canarias

Junto a estas medidas de apoyo al conjunto de los territorios autonómicos, esta norma incluye medidas específicas que beneficiarán a Canarias, especialmente a la isla de La Palma, afectada en 2021 por la erupción del volcán en Cumbre Vieja.

De esta forma, se incluye una habilitación específica a la Comunidad autónoma de Canarias para que pueda destinar 100 millones del superávit de 2025 a financiar ayudas destinadas a las personas físicas y entidades afectadas por la erupción volcánica en la citada isla.

Asimismo, entre las medidas fiscales destinadas a paliar los daños registrados en La Palma, se ampliará al período impositivo 2026 la deducción del 60% en el IRPF a los contribuyentes residentes en dicha isla. 

Apoyo a las CCAA

Este nuevo paquete de medidas se enmarca en el compromiso del Gobierno con la suficiencia económica de las Comunidades Autónomas para garantizar la prestación de servicios públicos de calidad y para darles todas las facilidades para que desplieguen sus políticas sociales. 

A lo largo de estos años, el Ejecutivo ha desplegado una serie de herramientas y medidas para promover la buena salud financiera de los territorios autonómicos, como fueron los 30.000 millones de fondos COVID; y el mantenimiento de las entregas a cuenta en 2020 en nivel prepandemia y la asunción por parte del Estado de los 4.000 millones de las liquidaciones negativas de las Comunidades Autónomas que se generaron.

También se han transferido 40.175 millones a las Comunidades Autónomas en las diferentes Conferencias Sectoriales entre 2019 y 2025; y ahora sigue en tramitación en el Congreso una ley para que el Estado condone 83.252 millones de euros de deuda de las Comunidades Autónomas. 

Asimismo, en 2027, las CCAA recibirán 185.593 millones de euros del sistema de financiación -entregas a cuenta y liquidación-, lo que supone un 78,6% más de recursos que en 2018.