Las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero, con referencias 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE, imponen a los Estados Miembros de la UE determinadas obligaciones de información que han sido transpuestas a nuestro ordenamiento jurídico a través de los artículos 328 a 334 de la LCSP, y del artículo 126 del RDL3/2020.
Con la publicación de estos informes se da cumplimiento a la citada obligación de información a la Comisión Europea en materia de contratación pública.
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