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​El 11 de diciembre de 2021, se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden HFP/1381/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula la organización y funcionamiento de la Oficina Nacional de Evaluación (ONE), dando así cumplimiento a lo requerido por el artículo 333.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP).

La ONE es un órgano colegiado integrado en la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), cuya finalidad es el análisis de la sostenibilidad financiera de los contratos de concesión cuando se realice algún tipo de aportación pública en los términos establecidos en el artículo 333.3 de la mencionada LCSP. Se trata de un ámbito de la contratación pública importante y complejo en el que la actividad puede intensificarse con el impulso previsto en los planes de inversión a través de las fórmulas de colaboración público-privada, tras la aprobación del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En este sentido, y aun siendo conscientes de nuestro limitado marco de actuación, la Oficina nació con el ánimo de convertirse en un agente útil para la implementación adecuada de este tipo de proyectos que contribuirán a favorecer la recuperación de nuestro país.

Por otro lado, atendiendo a la importancia cualitativa del trabajo que se debe desarrollar, se quiso hacer del propio proceso de preparación de la Oficina algo abierto y participativo, más allá de los hitos, trámites e informes requeridos por la normativa. Por ello, en la tramitación de la Orden se recabó el parecer de otras Administraciones y de agentes privados e incluso se abrió el texto a información pública. Y esa es la dirección en la que se ha querido seguir trabajando, recogiendo la configuración del propio Pleno esa vocación de pluralidad, al contemplar la participación de representantes de la Administración General del Estado, pero también de las Corporaciones Locales, las Comunidades Autónomas que se adhieran, expertos académicos y el propio sector privado.

Finalmente, guiados por este mismo objetivo y a fin de contar con instrumentos adecuados para nuestra tarea, se ha trabajado en colaboración con relevantes instituciones europeas, como la DG Reform de la Comisión Europea o el European PPP Expertise Centre (EPEC) del Banco Europeo de Inversiones. De hecho, la puesta en marcha de la ONE es uno de los compromisos del Gobierno de España, incorporado en el Componente 11 “Modernización de las Administraciones Públicas” (reforma 4, número de objetivo CID “155”) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Como ya se ha señalado, la ONE comenzó a funcionar en un momento estratégico para nuestro país en el que la contratación pública es un elemento activo y dinamizador. Dentro de nuestro concreto ámbito de competencias queremos contribuir a ello, con los objetivos de utilidad, pluralidad y compromiso europeo como guía a la que se sujeta nuestra actividad.​

María Luisa Araújo Chamorro