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​El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Hacienda, ha aprobado hoy un Acuerdo por el que se impulsa un incremento salarial adicional del 0,5% en las nóminas de las empleadas y empleados públicos. Una medida de la que se beneficiarán más de 3 millones de personas que trabajan para las administraciones o instituciones públicas de todo el país. Y que sirve para culminar el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, firmado en octubre de 2022 entre la entonces titular de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, y los sindicatos CCOO y UGT. 

Esta alza salarial formó parte de ese acuerdo, por el que las retribuciones en el empleo público para funcionarias y funcionarios, personal estatutario y personal laboral se incrementarían en una parte fija y en otra parte variable en los ejercicios 2022, 2023 y 2024, siendo todas ellas consolidables. En el primer año, la subida fue del 3,5%. En 2023, se aplicó un incremento fijo del 2,5% y otro adicional, vinculado a los datos del IPCA y del PIB, del 1%. Por último, para 2024, las retribuciones crecieron un 2%, a la que se añadía una parte variable del 0,5% en función de los parámetros marcados por el IPCA.

Concretamente, esta subida del 0,5% que ahora se aprueba cumple la condición de que la suma de la variación del IPCA de los años 2022, 2023 y 2024 superase el incremento retributivo fijo acumulado en ese mismo trienio. 

El incremento recogido en el Acuerdo del Consejo de Ministros se calculará sobre las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2023. El mismo se materializará en una de las próximas nóminas de las empleadas y empleados públicos a través de una paga de atrasos. Este pago adicional incluirá los atrasos pendientes desde el 1 de enero de 2024 hasta la fecha actual. Y el 0,5% será consolidable, por lo que las próximas nóminas lo reflejarán de manera permanente, tal y como ha ocurrido en todas las subidas previas.

Con esta decisión, el Gobierno cumple con sus compromisos con las 3.043.024 empleadas y empleados públicos que desempeñan la labor del servicio público desde las administraciones del Estado, las Comunidades Autónomas, las Entidades Locales y de otras instituciones públicas, que quedaron recogidos en ese Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI. 

Ese acuerdo, firmado por el Ministerio de Hacienda y Función Pública y los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT en octubre de 2022, reconocía el buen desempeño del empleo público e incluía el compromiso de realizar reformas para modernizar las Administraciones Públicas con el fin de que se adapten a las necesidades de la ciudadanía y a la economía. Un pacto que también comprendía la recuperación de los derechos que fueron arrebatados a empleadas y empleados públicos en el año 2012.

Unos compromisos que se han ido cumpliendo en el trienio que comprendía el Acuerdo Marco. Esto no se ha concretado solo a través de las subidas salariales pactadas, todas ellas ya aplicadas. También ha quedado reflejado en otras medidas de calado que han servido para reforzar el sector público, y que comprenden ámbitos como el empleo, el reconocimiento de derechos, la igualdad o la atención al ciudadano.

​Las Ofertas de Empleo Público récord de los últimos años, los programas de captación del talento joven y el refuerzo de la atención al ciudadano, ya sea presencial, telefónica o por medios telemáticos, son otros ejemplos de esa apuesta por los servicios públicos que el Gobierno de Pedro Sánchez ha abanderado desde sus inicios